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El contubernio catalán (III): El desenlace del Procés y el futuro de Cataluña


Este tercer y último artículo sobre el contubernio catalán, versa sobre los resultados del Procés y la aplicación del artículo 155 de la Constitución. También avanza alguna propuesta para conseguir la estabilidad política que permita a Cataluña volver a la normalidad.
Transitar por Eurolandia 16 de febrero de 2018 Enviar a un amigo
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En contra de lo anunciado por el gobierno Rajoy, Puigdemont, sin ninguna garantía ni control, llevó a cabo el anunciado referéndum de 1 de octubre de 2017. Ello se debió a la ineficacia del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), que no encontró las urnas y, especialmente, a la traición de la politizada dirección de los Mozos de Escuadra, que no obedeció las instrucciones de la Fiscalía y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. En tales circunstancias, los cuerpos de seguridad del Estado se vieron obligados a actuar para retirar las urnas, produciéndose desafortunados altercados que, magnificados por la televisión, dieron la vuelta al mundo.

Tomando como base los sospechosos resultados del mencionado referéndum (sumando los porcentajes ofrecidos por el Consejero de la Presidencia, Jordi Turull, el 2 de octubre de 2017, ya se alcanzaba el 100,88% de votos escrutados y aun no había terminado el recuento), Puigdemont declaró la independencia de Cataluña el 10 de octubre de 2017, que solo duró ocho segundos, al dejarla a continuación sin efectos. La declaración era tan confusa que nadie la entendió, incluido Rojoy y su gobierno. Para solicitar al Senado la aprobación de las medidas a tomar en base al artículo 155 de la Constitución y, como es preceptivo, Rojoy requirió a Puigdemont que aclarase lo que había dicho, produciéndose una correspondencia cruzada entre ambos cuya lectura no tiene desperdicio.

Unos días después, el 27 del mismo mes, el Parlament aprobó en voto secreto, nominal y en urna (para evitar problemas con la justicia) la ansiada independencia de Cataluña por la exigua mayoría de 70 votos (más 10 en contra y 2 en blanco) en una de las sesiones más tristes que recordará un semivacío Parlament (por ausencia de la oposición) para un acto supuestamente tan solemne.

Casi de manera simultánea (menos de una hora después), el Senado hizo lo propio con la activación del artículo 155 de la Constitución (por 214 votos favorables, 47 en contra y una abstención), por el que autorizaba al gobierno de España a cesar el de la Generalitat, intervenir los organismos de ella dependientes, restringir los poderes del Parlament y convocar nuevas elecciones autonómicas.

El Consejo de Ministros, reunido a continuación, aplicó lo establecido por el Senado asumiendo directamente el gobierno y la administración de la Generalitat (cada ministerio se hacía cargo de las atribuciones de las correspondientes consejerías), y Rajoy, en calidad de Presidente de la Generalitat, convocó las elecciones autonómicas que se celebrarían el 21 de diciembre de 2017.

Viene al caso recordar que el contenido del repetido artículo 155 de la Constitución española es obra principalmente de catalanes, hoy mayoritariamente independentistas y entonces miembros del grupo parlamentario del Senado Entesa dels Catalans (formado por el Partit Socialista de Catalunya, Esquerra Republicana de Catalunya, Partit Socialista Unificat de Catalunya y Convergència Democràtica de Catalunya). Dicho artículo es copia casi literal del artículo 37 de la Ley Fundamental de Bonn de 1949 (Constitución alemana), con la sola salvedad del párrafo que dice (la aportación catalana):

"… previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado".

Volviendo al Procés, el Partido de los Socialistas de Cataluña (PSC), aunque inicialmente reticente, tras la aprobación de la DUI ha apoyado la aplicación del 155, alineándose con el bloque constitucionalista. A pesar de ello, nunca ha tenido un planteamiento claro sobre Cataluña, lo que obedece a la tradicional contradicción entre su base militante y cúpula dirigente, que le ha conducido a frecuentes enfrentamientos internos y con el PSOE, al que está asociado.

La base militante del PSC procede, principalmente, de la clase media baja y de la obrera, en su inmensa mayoría inmigrante; pero, salvo excepciones, ha estado dirigido por catalanes de la alta burguesía con elevadas dosis de nacionalismo, de los que han sido claros ejemplos sus secretarios generales Joan Reventós, Narcís Serra y sobre todo Pascual Maragal (el inductor, junto con Rodríguez Zapatero, del polémico Estatuto de 2006). Esa dualidad entre cúspide y base, es la que le ha llevado a un permanente desconcierto en asuntos catalanes y a su creciente fracaso electoral a partir del Pacto del Tinell de 2003 (entre PSC, ERC e Iniciativa per Catalunya), que llevó a Magaragll a la presidencia de la Generalitat (y a su conseller en cap, Carod Rovira –de ERC-, a pactar con ETA para que no atentara en Cataluña).

Un futuro incierto

Las tensiones en el seno de la sociedad catalana y los enfrentamientos entre el gobierno del Procés y el de España llegaron a tal nivel que todo el mundo recibió con mucho alivio la activación del –hasta ese momento- temible artículo 155. Una vez que entró en vigor, se ha asumido con la mayor normalidad por la sociedad y por la administración catalana –de la que se dudaba- que ha desempeñado sus funciones con total profesionalidad. Por parte del gobierno español, se ha aplicado con gran inteligencia ya que su presencia en Cataluña apenas se ha notado.

Las elecciones catalanas de 21 de diciembre de 2017 que, como se ha dicho, fueron convocadas por Rajoy al amparo del 155, se celebraron pacíficamente, con todas las garantías democráticas y con la mayor participación en su historia: votó el 79,09% del censo electoral.

Las elecciones las ganaron los partidos del bloque soberanista (JUNTSxCAT, ERC y la CUP), con el 47,3% de los votos (47,8% en las de 2015) y 70 escaños (mayoría absoluta por efectos de la ley electoral), frente al 43,3% de los partidos constitucionalistas con 57 escaños. CatComú-Podem, obtuvo el 7,4% de los votos y 8 escaños; pero dada su calculada ambigüedad, dichos votos son de difícil adscripción a uno u otro grupo, si bien las actuaciones cotidianas de sus dirigentes siempre han sido favorables a los soberanistas frente a los constitucionalistas a los que, conjuntamente con aquellos, despectivamente denominan “el bloque del 155”.

Del resultado de dichas elecciones se desprenden algunas conclusiones de interés: la primera, que la sociedad catalana está dividida casi por mitad; la segunda, que el bloque independentista se ha consolidado aunque sin conseguir la mayoría absoluta de los votos; tercera, que la izquierda ha desaparecido prácticamente de Cataluña; y la cuarta y última, que el PP ha trasvasado casi la mitad de su electorado a Ciudadanos, que fue el partido vencedor: obtuvo 1.109.732 votos (25,3%) y 36 escaños.

Aunque es probable que la vía unilateral haya muerto, el Procés no ha acabado. La mejor prueba de ello es la propuesta que ha hecho el nuevo Presidente del Parlament, Roger Torrent, en favor de Puigdemont como Presidente de la Generalitat. Retorciendo una vez más la legalidad y el sentido común, ha elegido a un prófugo de la justicia, aun a sabiendas que no podrá ser elegido y mucho menos de manera telemática. Para tratar de demostrar que el Procés está vivo, la última ocurrencia de Puigdemont y su partido, ha sido la propuesta que han hecho a ERC y la CUP de que existan dos presidencias: una política (ilegal) de la República Catalana en el exterior (Bruselas), que ostentaría el propio Puigdemont; y otra de pura gestión (en Cataluña y ajustada a la legalidad) del gobierno de la Generalitat, cuyo candidato, de prosperar la propuesta, se desconoce en el momento de escribir este artículo.

Por lo tanto, de no haber un cambio radical de política, la incertidumbre pervivirá y Cataluña se continuará dividiendo y desangrando. Resolver este asunto llevará tiempo y tendrán que hacerla los propios los catalanes (aunque no solos), como en su momento lo hicieron los vascos con movilizaciones masivas contra el terrorismo; y también poniendo coto al soberanismo planteado por el PNV con el Plan Ibarretxe que proponía transformar el Estatuto de Autonomía Vasco en un Estado libremente asociado de Euskadi con España (soberanía compartida), propuesta que fue defendida en 2005 por el Lehandakari Juan José Ibarretxe en el Congreso y rechazada por éste por una abrumadora mayoría de votos. Ambas cuestiones hicieron reflexionar al PNV en su descabellada política de echarse al monte.

El problema catalán no se solucionará hasta que los propios catalanes tomen clara conciencia de su situación, y digan: ¡basta! Los primeros que deben hacerlo son las organizaciones empresariales y los sindicatos de clase (señaladamente CC.OO y la UGT), que cuentan con los medios para ello y han guardado silencio durante mucho tiempo. También lo han guardado, aunque en este caso por falta de organización, la ciudadanía no independentista (la otra mitad de los catalanes) que, aunque tarde, ya ha comenzado a reaccionar movilizándose masivamente en la calle como ocurrió con la manifestación convocada en Barcelona por la Societat Civil Catalana (9 de octubre de 2017), bajo el lema: Recuperem el Seny (Recuperemos la sensatez). En ese ambiente ha surgido el fenómeno Tabarnia, que hoy es una simple anécdota pero que mañana puede tomar fuerza y convertirse en un asunto serio si el soberanismo persiste en sus objetivos.

Reflexión final

El balance general que puede hacerse de la política nacionalista durante la democracia, no puede ser más negativo. La estrategia identitaria ideada y puesta en práctica por Pujol en su obsesión de crear el nuevo ciudadano catalán, ha llevado a Cataluña, históricamente la avanzadilla de España en todos los frentes (económico, social, cultural, etc.), a la división social (y hasta familiar), a crear ciudadanos fanáticos e intolerantes y al cuestionamiento del modelo autonómico y de solidaridad que con tanto esfuerzo se intentó construir en la Transición.

El fracaso económico del nacionalismo catalán puede sintetizarse en unos pocos pero significativos datos comparativos. En los inicios de la democracia se partía de unas diferencias muy significativas en renta regional entre Cataluña y Madrid, muy favorables a la primera: en los primeros ochenta del pasado siglo, el peso del PIB de Cataluña en el total de España superaba al de Madrid en más de 4 puntos y, en 1995, en 2,1. Pero tales diferencias se han ido acortando año a año hasta que, en 2107, los indicadores provisionales apuntan a que el PIB de la Comunidad de Madrid ya habría superado al de Cataluña. Operando con datos oficiales y homogéneos referidos a 2016, Madrid, con la cuarta parte del territorio que Cataluña (8.028 frente a 32.113 Km2) y con un millón de habitantes menos (6.506.437 y 7.453.957, respectivamente), la igualaba prácticamente en PIB (210,8 y 211,9 miles de millones de euros); sus presupuestos públicos eran, respectivamente de 20,1 y 29,4 miles de millones de euros (es decir un 46% más elevados en Cataluña), en tanto que la deuda pública de Cataluña multiplicaba por 2,5 la de Madrid (75,1 frente a 30,4 miles de millones de euros).

La carencia de inversiones autonómicas, ha llevado a Cataluña a tener una de las peores infraestructuras de España en transporte terrestre (carreteras y vías férreas) y educativas (amplia presencia de barracones escolares); y también en prestaciones sanitaria, como es manifiesto en las largas listas de espera para intervenciones quirúrgicas o el impago de facturas farmacéuticas (a las que ha tenido que hacer frente el Fondo de Liquidez Autonómica creado por el Estado). En cambio, su presión fiscal es de las más elevadas entre todas las comunidades autónomas, habiendo creado nada menos que 17 figuras tributarias propias con especial incidencia negativa sobre las rentas bajas y medias (por ejemplo, una persona que perciba unos ingresos anuales de 20.000 euros, paga al fisco unos 200 euros más en Cataluña que en Madrid).

Sin hacer la menor concesión a la demagogia, este balance desolador se debe al nacionalismo que es el que ha gobernado en Cataluña, salvo algún paréntesis que ha sido más de lo mismo, desde Pujol en adelante. El nacionalismo ha volcado todas sus energías en construir la identidad, en la que ha malversado ingentes cantidades de recursos públicos, desatendiendo todo lo demás. Pero la culpa de esta situación, es de Madrid, de los charnegos y de unos pocos renegados y desagradecidos catalanes.

Con el Procés, la incertidumbre política se ha incrementado de manera incontrolada. El panorama catalán presenta un futuro muy oscuro como ya es evidente en la caída de las inversiones, en la ralentización de la actividad económica y el consiguiente incremento del paro que comenzará a aflorar. El goteo de empresas que abandonan Cataluña, no cesará y las que se van, por lo menos las multinacionales, sean de origen catalán o no, no volverán; cuando una empresa cambia su domicilio social (que generalmente va acompañado del fiscal), comienza a marcharse no solo su dirección sino también su capital humano más valioso y dinámico y, aunque los centros de producción permanezcan, también se resentirán e incluso a tenderán a desplazarse si las circunstancias políticas son adversas. En cualquier decisión de inversión, el primer condicionante es el político y tras él actúan los de tipo económico.

Por lo tanto, para acabar con la actual incertidumbre, los partidos políticos catalanes están obligados a ofrecer una señal clara e inequívoca que garantice la estabilidad política futura, supeditando a la misma toda quimera separatista. Podría concretarse en una declaración institucional consensuada entre todos o la inmensa mayoría de fuerzas políticas, con independencia de su adscripción ideológica, que fuese votada en el Parlament.

Claro que a esto se resistirían ERC, el PDeCAT y la CUP; para salvar la situación ante su electorado y tener cierta credibilidad internacional, en su discurso podrían sustituir la vía unilateral de independencia por un pacto con el Estado (que necesariamente tendría que pasar por el Parlamento español) proponiendo una fórmula similar a la establecida por la Ley de Claridad adoptada por el Parlamento de Canadá en el año 2000 (en respuesta a los desafíos de secesión de Quebec).

En un futuro no lejano habrá que discutir de nuevo el encaje de Cataluña en España, del que tanto se habla y del que, por razones obvias, tan poco se conoce. No cabe la menor duda que las exigencias de Cataluña en las negociaciones que se avecinan serán, presumiblemente, muy elevadas y se intentará que sus potenciales beneficios no se trasladen al resto de las comunidades autónomas. Intuyo, a la luz de algunas informaciones preliminares de los sectores menos radicales, que las propuestas para un nuevo Estatuto de Cataluña (seguramente en el marco de una reforma de la Constitución), podrían girar en torno a tres ejes básicos: uno, tratar de blindar sus competencias, en particular en los ámbitos lingüísticos, educativos y culturales; dos, demandar un concierto fiscal similar al vasco; y tres, obtener cierta representación en los principales organismos internacionales.

Como no se trata de especular sobre lo que podrían significar tales demandas para el futuro de España y su cohesión, lo más prudente es esperar a que se concreten y se negocien.

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