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El contubernio catalán (I): Las tribus y el nacional populismo


Este artículo sobre el contubernio catalán se divide en tres partes: I. Las tribus y el nacional populismo, II. La comunión nacionalista y III. El desenlace del Procés y el futuro de Cataluña. Esta parte I trata sobre lo que denomino las tribus, es decir, los partidos políticos y las asociaciones cívicas que han conformado el Estado Mayor Catalán en el Procés secesionista. También versa sobre sus principales actores.
Transitar por Eurolandia 5 de febrero de 2018 Enviar a un amigo
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A la cuestión catalana le he dedicado cierta atención en años pasados, mientras que la mayoría de los que deberían haber hablado, callaban. Si vuelvo de nuevo sobre este asunto no es para hacerlo sobre la inviabilidad económica de la República de Cataluña, ni tampoco de su imposible encaje en la Unión Europea, cuestiones que, a estas alturas, ya están muy claras y trilladas. En esta ocasión me ocuparé del sustrato ideológico que alimenta a las tribus soberanistas, asunto que considero fundamental para entender el actual movimiento nacional populista, del que, como tal, se ha escrito, que yo sepa, muy poco.

El nacionalismo catalán es un cluster de intereses políticos y económicos al servicio de la clase dirigente donde todo está interrelacionado y se retroalimenta para amplificar sus efectos. Para ello utilizan todos los resortes del poder y a una parte de la sociedad catalana, sin duda muy importante, a la que llaman el pueblo, confundiendo la parte con el todo.

En Cataluña el nacionalismo ha creado un problema muy serio que requiere ser analizado en profundidad. Como acertadamente ha dicho José Borrell, las personas no nacen con una ideología predeterminada, sino que ésta se adquiere a través de un largo proceso de socialización cuyos instrumentos básicos son: la educación, la familia, los medios de comunicación y el entorno social.

En Cataluña esta ingeniería social comenzó a ser diseñada hace décadas: desde que Jordi Pujol entró en la presidencia de la Generalitat. El resultado de este largo proceso de adoctrinamiento, ha desembocado en la Declaración Unilateral de Independencia (DUI), proclamada por el presidente Puigdemont el 10 de octubre de 2017 y aprobada por el Parlament el 27 del mismo mes. Aun cuando sus promotores conocían de antemano las escasas posibilidades de hacerla efectiva y de que originaria un daño económico y social irreparable, han forzado hasta este extremo su pulso al Estado.

Con la DUI se ha sembrado la zozobra no solo en la propia Cataluña, sino también en el resto de España y hasta en la Unión Europea a la que han tratado de implicar. En fin, ha llevado al borde del abismo a la sociedad catalana; y como este asunto no es un mero acto simbólico, como se ha tratado de vender por sus promotores, la reacción del gobierno, como era su obligación para restituir la legalidad, ha sido aplicar el artículo 155 de la Constitución.

Lo que hay que preguntarse es por qué se ha llegado a esta situación límite. Encontrar una respuesta coherente, es un asunto complejo. Es necesario indagar en las raíces profundas de lo que se ha dado en llamar el Procés Constituent a Catalunya (el Procés), un movimiento social de eclosión reciente, pero de largo recorrido. Cuaja a partir de la Diada de 2012, aunque la idea surge del documento que el profesor de economía Arcadi Olivares y la monja Teresa Forcades, hicieron público en 2010 y que lleva por título “Manifiesto por la convocatoria de un proceso constituyente en Cataluña”. Al mismo, se sumaron una serie de personas a título individual, algunas instituciones catalanistas y partidos políticos nacionalistas, entre ellos Barcelona en Comú, liderado por Ada Colau, actual alcaldesa de Barcelona. Pero lo han capitalizado las que llamo tribus catalanas y, destacadamente, la Asamblea Nacional de Cataluña (ANC) a través de las diadas y otros eventos similares.

Las tribus   
 
Los partidos políticos y las diversas asociaciones de tipo soberanista que existían o se han ido creando en los últimos años, y que actuaban de forma más o menos dispersa a modo de tribus, han confluido en un poderoso movimiento político que, con la DUI, ha consumado un golpe de estado institucional. Las componen básicamente tres partidos políticos: la antigua Convergencia (actual Partido Demócrata Europeo Catalán -PDeCAT-), Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y la Candidatura d'Unitat Popular (CUP); y dos asociaciones civiles con objetivos políticos: Òmnium Cultural y la Asamblea Nacional de Cataluña (ANC), a las que habría que agregar la Asociación de Municipios por la Independencia.

La cúpula de los partidos y asociaciones antes citada, que es la que ha conducido el Procés y ha manipulado todo lo que estaba a su alcance, es a lo que denomino, en expresión que no es propia, Estado Mayor Catalán (EMC).

Comenzaré el relato por Convergencia Democrática de Cataluña, actual Partido Demócrata Europeo Catalán (PDeCAT), que es el máximo responsable de todo este desaguisado. En julio de 2016, el PDeCAT sustituyó a Convergencia, el partido que fundara Jordi Pujol en 1977; y lo hizo para lavar su imagen de corrupción envuelta en innumerables escándalos. Durante 37 años (entre 1978 y 2015), Convergencia, estuvo federada con Unió Democràtica de Catalunya, formando Convergencia y Unio (CiU).

CiU ha sido la más genuina representante de la burguesía catalana, herencia que recibió de la LLiga Regionalista de Enric Prat de la Riba y Francesc Cambó, constituida en los inicios del siglo precedente. La LLiga colaboró con el poder central en los gobiernos de la España monárquica (Francesc Cambó y Juan Ventosa, por ejemplo, fueron ministros en los gobiernos de la monarquía de Alfonso XIII), y también lo hizo en la Segunda República con el gobierno de la CEDA de Gil Robles. Apoyó o vio con buenos ojos, el golpe de Estado de Primo de Rivera; y también el de Franco, en cuyo partido único en buena parte se integró (conviene recordar, aunque sea entre paréntesis, que Cambó fue un curioso y controvertido personaje: un nacionalista que apoyó el golpe militar de Franco –al efecto abrió varias oficinas de prensa y propaganda en París y otras ciudades europeas- y también puso parte de su inmensa fortuna -y lo que pudo recaudar de la burguesía catalana- al servicio de la causa, aun cuando todo ello le llevase, decepcionado por la persecución de la cultura catalana, al autoexilio en Argentina).

El apoyo de la burguesía catalana a gobiernos autoritarios obedecía a que, en situaciones de gran inseguridad política como eran los de esos momentos, les garantizaban la paz social y protegía sus intereses económicos. La Lliga tuvo un papel capital en la consolidación del proteccionismo español de las primeras décadas del siglo XX; recuérdese, por ejemplo, que el Arancel de Aduanas de 1922 -conocido como Arancel Cambó- no solo incrementó los tipos arancelarios a las importaciones sino que llegó a prohibir las que hacían competencia directa a la producción interna.

Varias décadas después, ya en la democracia, y con muchos matices, CiU, ha repetido el mismo esquema que la Lliga, al menos en lo relativo a los pactos. CiU apoyó parlamentariamente a los socialistas en el gobierno minoritario de Felipe González de 1993 a 1996, y también lo hizo con el PP del primer gobierno de José M. Aznar (1996-2000), y ambos casos con muy buenos réditos para el nacionalismo. Pero como el gobierno central ya no podía garantizar la protección económica del pasado, porque la dinámica histórica se lo impedía –ingreso de España en la UE y globalización- Pujol, con la aquiescencia o el disimulo de los gobiernos de España, la buscó por su cuenta a través del reforzamiento de la identidad catalana, en la que no reparó en utilizar recursos públicos de todo tipo.

La Lliga fue prácticamente barrida del mapa político catalán por ERC en la Segunda República, y CiU ha desaparecido cuando se ha impuesto el ala soberanista de Convergencia de la mano de Artur Mas. Lo nuevo que el PDeCAT ha añadido a los principios programáticos de Convergencia, ha sido explicitar su objetivo independentista, de lo que se cuidó Pujol; y con este paso del Rubicón, Mas ha convertido al PDeCAT en un partido soberanista pero a costa de tener que repartirse el electorado con ERC y de dejar de representar a una parte de la burguesía catalana.

Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), con más de 85 años de existencia, es el partido político activo más antiguo de Cataluña y el que tradicionalmente ha sido el más firme partidario de la independencia. Se autodefine como republicano, democrático y de izquierda y dice defender el pluralismo, los derechos humanos (y de los pueblos) y el medio ambiente, si bien su actuación política cotidiana lo desmiente. Se constituyó en 1931 por la fusión (contra natura) del Estat Català de Francesc Macià, un partido republicano de ideas carlistas, ultranacionalista y militarista; y el Partit Republicà Català, en esos momentos liderado por Lluis Companys –que en 1933 sucedería a Macià en la presidencia de ERC-, un partido también de ámbito catalán, pero de filosofía liberal, antimonárquico, anticlerical y antimilitarista que aceptaba el programa federal de Pi i Margall de 1894.

ERC encontró eco en la élite de la iglesia católica, en cierta parte de la burguesía y en las clases medias rurales, principales bases de su militancia. Y también debe señalarse la influencia que en el mismo siempre ha ejercido la masonería –prueba de su elitismo- a la que se le ha atribuido un gran protagonismo en los procesos independentista que ha protagonizado (Macià y Campanys fueron masones, y más recientemente Colom, Carod-Rovira y Bargalló, entre otros).

ERC tuvo gran importancia durante la Segunda República en la que presidió en diferentes etapas la Generalitat; ya en la era democrática, su peso político fue muy reducido hasta la gran recuperación que experimentó en las elecciones autonómicas de 2003, seguidas de importantes caídas posteriores hasta el nuevo remonte que consiguió en las de 2015 debido al pacto electoral con Convergencia –con el apoyo de ANC y Òmnium-, en Junst pel Sí (JxSí). En las de 2017, aunque las encuestas la daban como vencedora, ha logrado un resultado poco menor que el PDeCAT, con el que se ha repartido la mayor parte del electorado soberanista.

Como consecuencia de sus contradicciones ideológicas de origen, ERC ha seguido una trayectoria política bastante errática: lo mismo se ha aliado con anarquistas y facciones comunistas integrándolas en el gobierno de la Generalitat, como ocurrió durante la Segunda República, que con el PSC e Iniciativa per Catalunya-Verds (gobierno tripartito de 2003 a 2010) o con la derecha corrupta, caso de Convergencia/PDeCAT, en JxSí. Pero todo ello no ha afectado a sus objetivos fundacionales: el nacionalismo, el republicanismo, la Estelada como bandera (de origen masón y símbolo del Procés) y el sueño de constituir los Països Catalans como Estado (que, además de Cataluña, incluyen a la Comunidad de Valencia, la de Baleares, la región francesa del Rosellón y la franja aragonesa de habla catalana; territorios en los que ha comparecido, aunque con poco éxito, en contiendas electorales).

La historia pone de manifiesto que en todas las ocasiones en las que ERC ha dirigido o formado parte del gobierno de la Generalitat –con la excepción de Tarradellas que lo hizo a título personal-, ha habido inestabilidad política. Y cuando su peso ha sido decisivo, ha proclamado la República de Cataluña, cosa que ha ocurrido en tres ocasiones: 1931 (Francesc Macià), 1934 (Lluís Companys) y 2017 (Oriol Junqueras), si bien las dos primeras bajo soberanía española.

La Candidatura d'Unitat Popular (CUP), formalmente nació en 1987 por la fusión de grupúsculos políticos prácticamente desconocidos. Hasta el presente, su presencia política ha sido muy reducida: se ha limitado a una cierta representación local –generalmente coaligada con otras formaciones políticas- en aproximadamente una docena de municipios catalanes, todos ellos, salvo alguna excepción, de menor importancia (actualmente preside el Ayuntamiento de Sabadell); y también, en coalición, ha concurrido a las elecciones autonómica de 2012, 2015 y 2017, obteniendo en las últimas cuatro escaños frente a los diez de las precedentes.

Según el profesor Antón Costas, la ideología de la que se nutre la CUP, es una mezcla del anarquismo barcelonés (recuérdese la importancia capital que tuvo este sindicato en la industria catalana desde las últimas décadas del s.XIX hasta la Guerra Civil) y del carlismo más retrógrado, aun reminiscente en las comarcas catalanas del interior. Una ideología que combina, de forma explosiva, el todo vale con la defensa de los privilegios más reaccionarios. Eso explicaría las incoherencias de su programa que tanto recuerdan al Podemos de sus inicios. En las elecciones autonómicas de 2015 defendía para Cataluña no pagar su deuda a España, crear un banco central y nacionalizar la banca, desobedecer a la Unión Europea y salir del euro, así como oponerse a la Política Agraria Común (PAC) y a la globalización alimentaria (revestida de ecologismo). En las de diciembre de 2017, la mayoría de sus 280 propuestas han sido de tipo político soñando con la autoproclamada República de Cataluña; y las económicas y sociales, eran la mismas o tan descabelladas como las del anterior.

La CUP defiende en su programa la declaración unilateral de independencia, rompiendo con los estados español y francés a través del ejercicio del derecho a la autodeterminación. Apuesta por una República Catalana que asimila a Països Catalans: de Fraga a Maón y de Salses-le-Château a Guardamar. A pesar de su escasa representación política, en la legislatura de la DUI ha ejercido una influencia decisiva para declarar la misma.

Por último, del Estado Mayor Catalán forman parte dos asociaciones civiles que, conjuntamente, han actuado como motores de movilizadores sociales del Procés: Òmnium Cultural y la Asamblea Nacional Catalana (ANC). Ambas han sido promocionadas y sobre todo dirigidas por el poder político, destacadamente por CiU. Han organizados manifestaciones masivas, la primera de las cuales tuvo lugar en 2010, cuando el Tribunal Supremo declaró parcialmente inconstitucional el Estatuto de Cataluña de 2006; a ésta han seguido otras en las sucesivas diadas o en otros acontecimientos por el estilo. Su papel en el desarrollo del Procés, ha sido decisivo hasta el extremo que, sin tener representación directa en el Parlament, han impuesto en el EMC –conjuntamente con la CUP- sus reglas a JxSí.

En contra de lo que previene la legislación para asociaciones benéficas, las dos son muy opacas en sus cuentas, cuyos presupuestos –que para cada una se estiman entre 3 y 5 millones de euros anuales- no son públicos. Ambas se financian de forma similar: con las cuotas de sus socios, con donaciones anónimas, con la venta de sus productos –principalmente banderas y otros símbolos independentista- y, sobre todo, con las generosas subvenciones –o fórmulas similares- que han recibido de la Generalitat. Sus excedentes les han permitido constituir una caja de resistencia con la que han pagado las multas propias y buena parte de las impuestas a los líderes políticos que amparan.

Òmnium Cultural –que, según sus propios datos, supera los 54.000 socios-, es la más geniana representante de las esencias del nacionalismo y del elitismo de la burguesía catalana. Fue creada en 1961 por un grupo de cinco selectos empresarios con el fin de promocionar el idioma y la cultura catalana –por cierto, con gran éxito- entonces perseguidos por el franquismo. Òmnium estuvo ilegalizada entre 1963 y 1967, aunque continuó funcionando en la clandestinidad de forma más o menos tolerada por el Régimen. Ha sido promotora de diversos premios literarios (entre ellos el de “Honor de las Letras Catalanas”), así como de la plataforma Somescola.cat, defensora del modelo educativo catalán y de la inmersión lingüística; y también lo ha sido, entre otras muchas actividades culturales, de la -por otra parte- muy prestigiosa “Gran Enciclopedia Catalana” de cuya editorial fue presidente Jordi Pujol. Sin olvidar sus objetivos culturales catalanistas (y de paso sembrar el odio a España y criticar, sin piedad, su lengua y cultura), ha extendido su actividad a la acción política de la mano de ANC. Resulta curioso que, a raíz del Procés, varios de los más distinguidos mecenas y hasta directivos de Òmnium, hayan expatriado sus empresas de Cataluña.

La Asamblea Nacional Catalana (ANC), tiene sus antecedentes en las asambleas locales que llevaron a cabo las consultas municipales de 2009 y 2010 en, aproximadamente, la mitad de los municipios catalanes y en las que participaron algo menos de un millón de personas. La puesta en común de estas iniciativas y su constitución formal como asociación (que se organiza en asambleas territoriales de ámbito local y profesional), tuvo lugar en 2011 con un objetivo muy claro: aglutinar el máximo de personas que desearan trabajar por la independencia de Cataluña y presionar a los partidos políticos en esa dirección. Entre sus impulsores estuvieron Patricia Corbacho, Lluis Llach, Ferran Requejo y Josep Manel Ximenis. En 2016, la ANC se inscribió en el Registro de Transparencia de la Unión Europea, para ejercer el lobby (grupos de presión) en la misma.

La ANC pasó rápidamente a ser controlada por CiU para evitar que se le enfrentara en la calle como consecuencia de los drásticos recortes en servicios sociales que venía realizando la Generalitat. En su corta historia, esta asociación ha demostrado su eficacia en la organización manifestaciones masivas tanto en las diadas como en otros eventos. La 2012, bajo el lema "Catalunya, nou estat d'Europa", sirvió de base para poner de acuerdo a CiU y ERC –dos enemigos tradicionales- en iniciar el Procés; en dicho acuerdo participaron muy activamente la entonces presidente de la ANC, Carmen Forcadell (también lo hizo posteriormente como presidente del Parlament) y su sucesor, Jordi Sánchez.

La ANC sacó de su letargo a Òmnium, con la que ha formado tándem para tomar la calle. Pero a diferencia de esta última que siempre ha sido una asociación elitista (se ha nutrido de la burguesía catalana) y ha estado dirigida por empresarios, la ANC es social e ideológicamente más transversal, lo que le ha supuesto mayores simpatías entre los independentistas catalanes. Según sus propios datos, cuanta con unos 80.000 afiliados, de los cuales la mitad son socios y la otra mitad colaboradores; y proceden, fundamentalmente, de militantes de los partidos nacionalistas y de agradecidos funcionarios catalanes.

En conclusión, todos los partidos políticos y asociaciones soberanistas tienen en común un componente reaccionario que los convierte en muy sospechosos, en particular a los que dicen situarse ideológicamente en la izquierda, como son los casos de ERC y la CUP. Pero como el separatismo se nutre del populismo, esta vertiente -aunque es común en todos ellos- la aporta fundamentalmente la ANC.

Principales actores

Son muchos los personajes que merecerían figurar aquí, aunque por razones de espacio me limitaré solo a cuatro: Jordi Pujol, Artur Mas, Carles Puigdemont y Oriol Junqueras; los tres primeros de CiU y expresidentes de la Generalitat, y el último ex vicepresidente de la misma y presidente  de ERC. A esta lista deberían añadirse, entre otros, a Carmen Forcadell (expresidenta del Parlament), Jordi Cuixart (presidente de Ómnium); Jordi Sánchez (presidente de la ANC) y los asesores Xavier Vendrell (que pasó de la disuelta Terra Lliure a militar en ERC) y Oriol Soler  (empresario promotor del diario Ara y también militante de ERC).

El padrino y principal responsable de toda esta historia es Jordi Pujol, personaje clave sin el cual no puede entenderse todo lo que ha ocurrido. Tarradellas lo despreciaba por considerar que era intolerante, fanático y victimista, que acabaría, como así ha sido, enfrentando a Cataluña con España. Le acusaba de nacionalcatolico montserratino por la instrumentalización sectaria que hacía, con el apoyo de Òmnium, de la lengua y la cultura catalana, y tal vez también porque en el Monasterio de Motserrat se forjó la creación de Convergencia (la influencia del clero en el nacionalismo ha sido siempre muy destacada).

Pujol presidió la Generalitat durante 23 años: desde 1980 a 2003. Durante su mandato llevó a cabo dos ideas obsesivas: afirmar la identidad catalana y enriquecerse personalmente (y a los de su entorno); y las dos las ha conseguido. Mientras que en silencio hacía esto, en público pactaba con el gobierno central y mostraba la cara amable de una Cataluña que contribuía a la estabilidad política española.

Con el pacto con los socialistas, Pujol fue rellenando el Estatut de competencias, se puso de acuerdo con el gobierno central para tapar las corrupciones mutuas (impedir comisiones de investigación en el Parlamento español y catalán) y también se sirvió del nacionalismo para no ser condenado por el affair Banca Catalana.

Con el pacto con el PP de Aznar, cuyos militantes cantaban en la noche de las elecciones del 3 de marzo de 1996 (en la calle Génova de Madrid, sede nacional del PP): “Pujol, enano, habla castellano”, se vengó sin límites en el Pacto del Majestic de 28 de abril de 1996 (que contemplaba el apoyo de CiU en el Parlamento de Madrid y de los populares en el catalán). Pujol no solo obtuvo todas las competencias que reclamó, y las reclamó todas a su máximo nivel, sino que el PP hizo concesiones de importancia capital en los ámbitos de la sanidad y, sobre todo, de la educación que han tenido graves consecuencias (este es el caso, por ejemplo, de la Ley 1/1998, de 7 de enero, de política lingüística de la Generalitat, que el PP no recurrió al Constitucional y que presionó para que no lo hiciera el Defensor del Pueblo); entre otras muchas concesiones (en tráfico, puertos, medio ambiente, etc.), también obtuvo la cesión de capacidad normativa en el tramo autonómico del IRPF, que se revistió de corresponsabilidad fiscal. Y, así mismo, se suprimió la figura del gobernador civil (provincial) que fue sustituida por la de subdelegado (con menos competencias) y hasta la eliminación del servicio militar obligatorio. Y para complacer plenamente a Pujol, Aznar le buscó un puesto de trabajo en Madrid a Alejo Vidal Cuadras, entonces  presidente del Partido Popular de Cataluña y muy crítico con el nacionalismo.

En suma, por el Pacto del Majestic Aznar entregó Cataluña a Pujol (al nacionalismo) y muchos de los problemas que hoy existen en dicha Comunidad, y que con bastante demagogia critica el PP, proceden del mismo.

Como político, Pujol gozó de una gran popularidad hasta que se fueron descubriendo sus sucios negocios familiares. Como gestor de empresas, su imagen es pésima: no hay actividad empresarial que haya emprendido -y han sido varias-, que no haya llevado a la ruina, entre ellas a Banca Catalana y la propia Generalitat. A pesar de todo, para la mayoría de los nacionalistas, continúa siendo un ídolo.

Pujol pactó a diestra y siniestra, alardeando de la gran contribución de CiU (o sea, de Cataluña) a la estabilidad y progreso de España. Pero lo que sobre todo hizo, además de enriquecerse, fue ir construyendo, en silencio y con recursos públicos, la identidad catalana y mantener alejado al gobierno central de los asuntos catalanes.

Artur Mas, el más fiel de los discípulos de Pujol, accedió a la presidencia de la Generalitat en 2010. El alumno trató de superar al maestro convirtiéndose súbitamente de españolista en nacionalista y de éste en independentista.

El 20 de setiembre de 2012, el Sr. Mascogió el AVE para Madrid como nacionalista y al día siguiente, a su vuelta a Barcelona, se había transformado en independentista. Agobiado por las críticas y manifestaciones de los indignados del 15M por los recortes que estaba introduciendo en los servicios públicos y el afloramiento de innumerables casos de corrupción en CiU (recuérdese el famoso del 3% en comisiones que reveló Pasqual Maragall, en 2005, en el Parlament), con gran habilidad se quitó el problema de encima: es culpa de Madrid, que nos tiene asfixiados de recursos y además nos roba. Así que fue a ver a Rajoy para exigirle un concierto económico para Cataluña similar al de El País Vasco, pero Rajoy le dijo que no, que dicha fórmula era incompatible con la Constitución y lo que ahora tocaba era luchar contra la crisis. Mas volvió sin nada, pero se puso al frente de la manifestación. Cinco días después de su célebre viaje a Madrid, convocó elecciones (adelantándolas en dos años) y, en contra de las previsiones, CiU perdió 12 escaños en el Parlament respecto de los 62 que obtuvo en 2010.

El legado político de Mas, no tiene desperdicio. Como presidente de la Generalitat, llevó a cabo una consulta popular (el 9 de noviembre de 2014) para medir las fuerzas del independentismo y por la que resultó condenado al pago de una fuerte suma económica e inhabilitación durante dos años para el ejercicio de cargo público. Como secretario de CiU, provocó la ruptura entre sus dos socios (Convergència Democràtica de Catalunya y Unió Democràtica de Catalunya), que se consumó en 2015 cuando volvió a adelantar las elecciones autonómicas -en este caso plebiscitarias-, obligando a Convergencia a echarse en manos de ERC y demás miembros del Procés en Junts pel Sí (coalición que el propio Más ideó). Aunque JxSí ganó las citadas elecciones, Mas fue vetado por la CUP, cuyos votos necesitaba para presidir la Generalitat, lo que le obligó a desistir de su investidura y pasar el testigo a Puigdemont. A mediados de 2016 creó el PDeCAT, un partido fantasma que venía a sustituir a Convergencia para lavar su cara.

Derrotado en todos los frentes y acosado por la justicia, A. Mas anunció el 9 de enero de 2018, menos de una semana antes que se hiciera pública la sentencia del caso Palau, que le salpica de cerca, no solo que dejaba la presidencia del PDeCAT sino que también abandonaba la política activa.

El errante Carles Puigdemont, el sustituto de A. Mas en la Generalitat, aunque sin título conocido, ejerció de periodista antes que de político. Es un hombre iluminado y dubitativo que cambia frecuentemente de opinión sin que ello afecte a su profunda fe soberanista: es de los pocos que aún cree firmemente en el Procés. Lo demostró horas antes aprobar la DUI en el Parlament al comprometerse a convocar elecciones autonómicas pero los enternecedores sollozos de Marta Rovira, el tuit de Gabriel Rufián sobre las "155 monedas de plata" –rememorando en Puigdemont la traición de Judas a Jesús-, el miedo a los suyos -que amenazaban con dimitir de sus cargos de consejeros- y las críticas en la calle por traicionar el Procés, le hicieron retroceder.

Tras la aprobación de la República Catalana, huyó de la justicia marchándose a Bruselas acompañado de algunos fieles de su gobierno. Lo hizo, dice, para implicar a la Unión en la internacionalización del conflicto catalán aunque, lejos de conseguirlo, lo que realmente ha logrado ha sido internacionalizar el ridículo: ningún Estado ni organismo internacional, ha reconocido a la República de Cataluña. Ante fracaso tan colosal, en su delirio mental, ha tenido brillantes ocurrencias como, por ejemplo, la de proponer un referéndum en Cataluña para cuestionar su pertenencia a la Unión, porque, en su criterio, ésta no defiende los derechos de los ciudadanos; u otra no menos brillante: tratar de dirigir la Generalitat desde Bruselas.

El último de los personajes, Oriol Junqueras, es de habla pausada y persuasiva que recuerda, en su vacuo discurso, a un cura de la Autarquía. A pesar de haber sido un fracasado estudiante de Economía, además de vicepresidente de la Generalidad, ha llegado a Consejero de Economía y Hacienda de la misma. Se ha propuesto arruinar a Cataluña y está teniendo gran éxito en su empeño: más de 3.000 empresas han abandonado la Comunidad como consecuencia del Procés (y más de 300 mil cuentas bancarias también lo han hecho), entre ellas dos símbolos del nacionalismo: Caixabank y el Banco de Sabadell, con las que negoció para que no trasladaran su sede social a Madrid. Pero, sin ningún rubor, ha declarado que las empresas no abandonan Cataluña por el Procés, sino porque las fuerzas estatales de seguridad agreden a sus ciudadanos y como las empresas están muy concienciadas en la defensa de los derechos humanos, por eso se van; y también un poco por aquello de la globalización.


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