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El consentimiento informado de los pacientes de Salud Mental


La Ley 41/2002 reguladora de autonomía del paciente establece que toda actuación en el ámbito de la salud necesita el consentimiento libre y voluntario del afectado. Además, se requiere el consentimiento escrito en el caso de utilización de procedimientos que supongan riesgos o inconvenientes de notoria y previsible repercusión negativa sobre la salud del paciente. El potencial riesgo de dependencia de los psicofármacos debería incluirse en ese artículo según la literatura médica.
Desde mi trastorno bipolar 17 de marzo de 2018 Enviar a un amigo
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Hace un par de meses le solicité a mi psiquiata la reducción progresiva de cierto medicamento que había tenido a diversas dosis prescrito, desde hacía casi diez años. Había leído en la literatura médica que el tratamiento a largo plazo (generalmente más de cinco años) con antispicóticos podía devenir en una mayor posibiidad de dispararse este trastorno (Antipsychotic-Induced Dopamine Supersensitivity Psychosis…´, Psychotherapy and Psychosomatics Review 2017;06: 289-2019 , `(…) long-term administration of antipsychotics can upregulate D2 receptors and produce receptor supersensitivity manifested by behavioral supersensitivity to dopamine stimulation in animals, and movement disorders and supersensitivity psychosis (SP) in patients(…) Esta investigación tenía un antecedente positivo en el de 1978 de Guy Chouinard et al ´Neuroleptic-Induced supersensitivity psychosis´ en la American Journal of Psychiatry (APA) 135 (11), 1409-1410.

Mi psiquiatra me indicó que la dosis que estaba tomando no era terapéutica (por ser demasiado baja) y decidimos reducirlo progresivamente. Después de un pequeño episodio de cierto estrés que tuve, comencé a tener unos niveles de agitación extraordinarios, sin poder conciliar el sueño, desbordada por una ansiedad incapacitante y desproporcionada (a pesar de que intentaba reducirla con ansiolíticos). Una psiquiatra del servicio de Urgencias me indicó que era un “desequilibrio de mi sintomatología de base”, que la literatura que le mencioné sólo se refería a la diskinesia y me triplicó la dosis que había dejado de  tomar,  Lo que no entendí era cómo un hecho que consideraba estresante pero de poca relevancia me había generado  dicho cuadro nervioso, que nunca había tenido.

Decidí seguir investigando en la literatura médica. Cuando acudí a mi psiquiatra y le comenté que existía un potencial riesgo de dependencia de los antipsicóticos y que un sector de la psiquiatría, como el doctor Inchauspe Aróstegui en diciembre de 2017 (desde la Asociación Madrileña de Salud Mental) ya lo había puesto de manifiesto (se desconoce el efecto que los psicofármacos pueden producir en cada persona pero que es un riesgo que existe), me indicó que lo “que un psiquiatra opine no es verdad científica” y “que necesitaríamos el doble de psiquiatras en Salud Mental para informar de todos los efectos secundarios de los medicamentos”, obviando mi inquietud.

Quizás no me entendió, porque no le estaba hablando de efectos secundarios (que aparecen en los prospectos que las empresas farmacéuticas) sino de un riesgo, el de dependencia, que sólo el médico y la literatura médica conoce, y que aunque no se materialice siempre existe. Es un riesgo que por ley los pacientes de Salud Mental tenemos derecho a conocer porque es nuestra Seguridad  de lo qe la Administración sanitaria responde, y no somos nosotros los que debemos responder de los potenciales daños derivados de la falta de medios personales en la misma.

La Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica establece en su art  8.1. que “toda actuación en el ámbito de la salud de un paciente necesita el consentimiento libre y voluntario del afectado, una vez que, recibida la información prevista en el artículo 4, haya valorado las opciones propias del caso.”. Y en cuanto a la información el art 4 “1. Los pacientes tienen derecho a conocer, con motivo de cualquier actuación en el ámbito de su salud, toda la información disponible sobre la misma,… La información, que como regla general se proporcionará verbalmente dejando constancia en la historia clínica, comprende, como mínimo, la finalidad y la naturaleza de cada intervención, sus riesgos y sus consecuencias...” Además se requiere el consentimiento escrito en el caso de utilización de procedimientos (como la prescripción de determinados psicofármacos) que supongan riesgos o inconvenientes de notoria y previsible repercusión negativa sobre la salud del paciente. (Art 8. 2).

Hemos de indicar que aunque la jurisprudencia ha resuelto que la Administración pública no es una “aseguradora universal” de daños sanitarios, la información sobre el riesgo de dependencia de ciertos psicofármacos y transcurridos ciertos plazos (aquellos que la doctrina médica considera prudenciales como la del tratamiento de crisis) debería incluirse en este artículo como obligación de consentimiento por escrito ya que es una laguna legal que beneficia a las empresas farmacéuticas y mantiene una Administración de continua reducción presupuestaria de recursos humanos en el tratamiento de los trastornos mentales.

Según un informe de la Organización Mundial de la Salud publicado en 2003 con el título Mental Health Legislation and Human rights el consentimiento informado en Salud Mental no puede ser legal si va acompañado de amenazas explicitas o implícitas de tratamiento forzoso o si no se han ofertado, para su toma en consideración, otras alternativas al tratamiento propuesto. 

En estos diez años de tratamiento jamás ningún psiquiatra tomó la iniciativa de informarme de este riesgo trascurridos cinco años de tratamiento y no se planteó por tanto una posible reducción del antipsicótico (la quetiapina), máxime si “no tenía ningún efecto terapéutico” según indicó mi psiquiatra. Simplemente se me modificaba  la dosis ante dificultades que tuviera que bien podrían haber tenido un abordaje alternativo menos invasivo.

La psiquiatría legal, ante las reclamaciones de los pacientes se afana por defender que el psiquiatra actúa según la “lex artis ad hoc” ya que respeta los protocolos facultativos establecidos por ley y las consultas por trastornos mentales en una sociedad en plena crisis y envuelta en unas políticas de ajuste (que no afectan a las empresas farmacéuticas) no paran de aumentar .

Es de interés público que se vele por la Salud de los ciudadanos. Así lo prescribe el art 10 de la Constitución “la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social. 2. Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España” . Así el Convenio del Consejo de Europa para la protección de los derechos humanos y la dignidad del ser humano respecto de las aplicaciones de la biología y la medicina (Convenio sobre los derechos del hombre y la biomedicina), suscrito el día 4 de abril de 1997, en vigor 1 de enero de 2000 . Por último el art 43 de la Constitución expresamente prevé que se reconoce el derecho a la protección de la salud y que ompete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios.

Si España se constituye en un Estado social y democrático de derecho y la dignidad de la persona se proclama como fundamento de nuestro orden político (Derecho interno e internacional) las políticas de ajuste en Salud mental no deberían beneficiarse de esta laguna.

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